En la provincia de Iloilo, situada en la isla de Panay en Filipinas, ha surgido recientemente la cuestión de los operadores de juegos offshore de Filipinas (POGO). El gobernador provincial, Arthur Defensor Jr., ha afirmado categóricamente que no existen POGO en su región, destacando otros sectores económicos como el BPO (externalización de procesos de negocio) que son más preferibles a la comunidad local.
El gobernador provincial enfatizó que la provincia de Iloilo no es un lugar para actividades de POGO. Expresó confianza en que el sector BPO contribuya a una mayor creación de empleo y desarrollo económico, convirtiéndolo en una opción preferida para la región.
Cooperación y regulación
A pesar de la ausencia de POGO, las autoridades locales han expresado su voluntad de trabajar con las autoridades para garantizar el cumplimiento estricto de la ley. El alcalde de la ciudad de Iloilo, Jerry P. Treñas, emitió la Orden Ejecutiva No. 94 pidiendo un esfuerzo conjunto entre el gobierno de la ciudad y la policía para investigar cualquier establecimiento POGO sospechoso en la ciudad, enfatizando la necesidad de mantener la ley y el orden.
Los recientes incidentes relacionados con actividades ilegales de POGO y el arresto de un exsenador han puesto de relieve la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y los controles para identificar a los extranjeros que trabajan en la provincia. Esto se ha convertido en un desafío para los departamentos gubernamentales que trabajan activamente para prevenir la actividad criminal y mantener el estado de derecho.
Actualización de la política de PAGCOR
La Corporación Filipina de Juegos y Diversiones (PAGCOR) ha decidido prohibir los centros POGO e introducir nuevas regulaciones para controlar a los restantes operadores de juegos electrónicos con licencia. Esta medida tiene como objetivo garantizar la pureza del mercado del juego y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.
La provincia de Iloilo continúa centrándose en el desarrollo económico a través de BPO y otras industrias sostenibles, excluyendo a los POGO de su panorama económico. La cooperación entre las autoridades locales y la policía, así como las estrictas medidas de control y regulación, subrayan la preparación administrativa para la buena gobernanza y el respeto del Estado de derecho en la región.