Dos sospechosos, Roberto Carlos González Miranda y Roberto Orellana, están acusados de robar más de 350.000 dólares de un casino en Dakota del Sur. Ya han sido acusados por un gran jurado de conspiración para cometer fraude electrónico y robo. El caso involucra a un establecimiento de juego propiedad de la tribu Standing Rock Sioux, concretamente el Grand River Casino.
Los empleados de los casinos de Nebraska fueron víctimas de delincuentes descarados
El fraude y el posterior robo se llevaron a cabo según un elaborado plan similar a atrevidos ataques a casinos similares. La mujer anónima se comunicó primero con el gerente de caja del casino y le informó que el establecimiento debía pagar 700.000 dólares en diversas tarifas y que un representante de USPS vendría a recoger el dinero.
Según la mujer no identificada, el dinero debía cubrir diversos gastos y multas relacionados con la inspección. El crimen fue cuidadosamente planeado, pero aparentemente causó confusión entre el director de taquilla debido a las urgentes e intimidantes exigencias.
Mientras la mujer seguía hablando por teléfono, el gerente de la caja registradora recibió un mensaje de texto, supuestamente de su jefe, exigiendo que se vaciara la bóveda y se entregara el dinero a un cajero automático de Bitcoin en Aberdeen. El mensaje sugería que los fondos recibidos deberían convertirse en criptomonedas en el acto.
Los empleados de los casinos siguen siendo víctimas de estafadores
Decidido a cumplir con las instrucciones que recibió, el empleado retiró 352.000 dólares de la bóveda y viajó a Aberdeen. En el camino, recibió una llamada exigiendo que se reuniera con Miranda en una gasolinera en Mitchell y le entregara el dinero en persona, lo cual el empleado hizo.
Actualmente se desconoce exactamente cómo se desarrolló la situación desde la demanda inicial de 700.000 dólares hasta la reunión en una gasolinera de Mitchell. Tampoco está claro si el propio empleado se ha convertido en el objetivo de los investigadores federales. Si son declarados culpables, Miranda y sus cómplices enfrentan hasta 15 años de prisión y una multa de 30.000 dólares.